El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha emitido un auto que establece plazos concretos, exige la designación de un responsable y advierte sobre posibles multas coercitivas y responsabilidades penales si no se cumple. “El incumplimiento, la burla y la manipulación a la que la Junta de Comunidades ha sometido a Guadalajara con el Fuerte de San Francisco deben acabar hoy”, ha declarado Alfonso Esteban, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, en una rueda de prensa junto a Blanca Causapié, jefa del Servicio de Urbanismo. Ambos han informado sobre el auto notificado esta mañana, que obliga a la Junta a ejecutar de forma inmediata y forzosa la sentencia firme relacionada con el Fuerte.

Esteban ha explicado que este auto responde al incidente de ejecución presentado por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2024, debido al reiterado incumplimiento de la sentencia número 205/2017, fechada el 11 de septiembre y firme desde el 29 de octubre de 2018. Dicha sentencia condena a la Junta de Comunidades a rehabilitar todas las construcciones del Fuerte de San Francisco, tal y como se estableció en el Plan de Singular Interés aprobado en 2004.

El concejal ha remarcado que el Tribunal confirma que en más de siete años no se ha cumplido la sentencia, rechazando los argumentos de prescripción presentados por la administración autonómica. El auto es contundente: “Es un hecho notorio que, siete años después de la firmeza de la sentencia, la Junta no ha cumplido con las obligaciones dictadas, no se han realizado las demoliciones ni los desalojos, y salvo la licitación de dos proyectos que quedaron paralizados, no se ha avanzado en la rehabilitación.”

El TSJ Castilla-La Mancha va más allá y señala que esta inactividad ha vulnerado la tutela judicial efectiva, recordando que el artículo 118 de la Constitución Española obliga a las administraciones a cumplir las resoluciones judiciales. Además, el auto destaca que la inacción de la Junta ha causado un grave deterioro de los inmuebles, confirmado por un informe técnico, y representa un claro incumplimiento que debe ser subsanado.

En cuanto a los plazos, el Tribunal acuerda la ejecución forzosa de la sentencia y fija fechas límites para cada actuación pendiente. Así, desestima la prescripción alegada por la Junta y ordena a la Consejería de Fomento que ejecute la sentencia de forma inmediata y completa. Entre otros plazos, establece un mes para iniciar la licitación de las obras de rehabilitación en las naves de cerrajería, escuelas municipales y la nave de forja destinada a biblioteca; un mes para comenzar los expedientes de desalojo de los ocupantes; y un mes para licitar las demoliciones de inmuebles incompatibles con el planeamiento.

Además, concede cuatro meses para redactar los proyectos de rehabilitación de los edificios restantes según los usos del anexo del acuerdo complementario de diciembre de 2010, y seis meses para corregir las deficiencias detectadas en los informes técnicos desfavorables. El auto también exige a la Junta que en diez días designe ante la Sala a la autoridad o funcionario responsable de impulsar y concluir estas actuaciones, advirtiendo que el incumplimiento podría acarrear multas coercitivas y responsabilidades penales.

Alfonso Esteban ha destacado que el auto supone un respaldo contundente a la postura del Ayuntamiento y a su defensa de los intereses de Guadalajara. “Queda demostrado que el Ayuntamiento tenía razón y que nuestras denuncias no eran un relato político, sino una realidad avalada por los tribunales”, ha afirmado, recordando que la obligación de rehabilitar el Fuerte no depende de nuevos convenios, sino del cumplimiento de una sentencia firme.

Por su parte, Blanca Causapié ha aclarado que los usos de los distintos edificios se definieron en 2010, estableciendo equipamientos públicos municipales como biblioteca, escuelas, espacios culturales, administrativos, juveniles, residencia de estudiantes, museo y centro de información turística. La Junta es responsable de ejecutar las obras, así como de tramitar desalojos y posibles indemnizaciones cuando proceda.

Desde el Ayuntamiento confían en que, una vez agotado el plazo para recursos, la Junta acate el auto y ponga fin a más de veinte años de incumplimientos que han dañado gravemente uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de Guadalajara, ha concluido Esteban.