El Grupo Popular impulsó la iniciativa, que salió adelante con sus votos, mientras PSOE y Grupo Mixto votaron en contra.

El pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aprobó el 3 de julio de 2026 una moción del Grupo Popular para urgir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales. La iniciativa salió adelante por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y los votos contrarios de PSOE y Grupo Mixto.

La moción aprobada constata, en sus propios términos, «el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura, con un Gobierno que no ha logrado aprobar ni una sola Ley de Presupuestos, lo que perjudica a los españoles y torrejoneros al bloquear o paralizar la prestación de servicios públicos, así como el aumento de la financiación a los ayuntamientos». El texto también censura que en toda la legislatura no se haya tramitado ninguna Ley de Presupuestos Generales del Estado ni celebrado un Debate sobre el Estado de la Nación con votación de resoluciones.

La moción incorpora además las recientes condenas del Tribunal Supremo al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado a 24 años y 3 meses de prisión por pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, y a su exasesor Koldo García, condenado a 19 años y 8 meses por organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. El pleno insta también al Gobierno a «depurar responsabilidades» en relación con una operación que, según el texto aprobado, presuntamente implica a altos cargos en actuaciones para entorpecer investigaciones judiciales y policiales.

El primer teniente de alcalde y portavoz del Gobierno local, Víctor Miranda, defendió la iniciativa afirmando que «esta moción trasciende cualquier sigla política, el adelanto electoral se basa en la necesidad de mantener la confianza en las instituciones por parte de todos los españoles. Vivimos la legislatura más débil de la historia de la Democracia, rodeada de escándalos y corrupción». La moción tiene carácter político y, según recoge el propio texto, carece de vinculación jurídica para el Gobierno.