El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara ha exigido la rectificación inmediata y la dimisión de las concejalas del Grupo Municipal Socialista, Lucía de Luz y Pilar Sánchez, tras unas declaraciones que califican como “falsas y de extraordinaria gravedad” sobre el exjefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, David de Diego Barbas.

En sus intervenciones públicas, Pilar Sánchez aseguró que pesaban “antecedentes penales” sobre esta persona, afirmando textualmente que se trataba de “un nombramiento de una persona sobre la que hemos podido conocer que pesaban antecedentes penales”. Por su parte, Lucía de Luz, portavoz del grupo socialista, también afirmó que se trataba de un nombramiento “con antecedentes conocidos”.

Frente a estas declaraciones, el equipo de Gobierno ha puesto a disposición de los medios y de la ciudadanía la documentación oficial que desmiente de forma clara ambas acusaciones. Se trata de un justificante emitido por el Gobierno de España que confirma la ausencia de antecedentes penales. En concreto, el documento señala que la consulta realizada al Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia el 9 de mayo de 2024 arrojó el resultado: “No constan antecedentes penales”.

Esta prueba, aseguran desde el Ayuntamiento, acredita de manera inequívoca la falsedad de las afirmaciones hechas por las concejalas socialistas.

Ante la seriedad de los hechos, el equipo de Gobierno reclama: primero, una retractación inmediata y una disculpa pública por las declaraciones falsas y el daño ocasionado; y segundo, la dimisión inmediata de ambas concejalas, argumentando que “no todo vale en política” y que quienes difunden acusaciones falsas “no pueden ostentar el honor y la responsabilidad de representar a los vecinos de Guadalajara”.

Además, el Gobierno municipal hace un llamado al grupo socialista que dirige Alberto Rojo para que mantenga “altura de miras” y abandone la “oposición mentirosa y destructiva” en la que, según indican, están instalados desde que perdieron la Alcaldía, cruzando “líneas rojas” que afectan al clima político en la ciudad.

Por último, el Ayuntamiento de Guadalajara advierte que, debido a la gravedad de las afirmaciones y al perjuicio causado al buena nombre de la Corporación Municipal y sus miembros, se reserva el derecho a emprender todas las acciones legales y penales que considere oportunas para defender tanto a la institución como a las personas afectadas.