El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 22,1 millones de euros destinada al nuevo Acuerdo Marco, que establece las condiciones para la atención supervisada en pisos y pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera que carecen de apoyo familiar o social.

Gracias a esta medida, se financiarán durante los próximos cuatro años, hasta 2030, un total de 325 plazas públicas, con incrementos del 22 % en la inversión destinada a pisos y cerca del 55 % en pensiones. El objetivo es garantizar un alojamiento supervisado estable y de calidad para este colectivo. Además, el acuerdo incluye la implementación de un nuevo sistema de gestión de la calidad, la actualización de protocolos y registros para mejorar la atención, así como incrementos y complementos salariales recogidos en el nuevo convenio de discapacidad.

Estas plazas, distribuidas por toda la Comunidad, incluyen pisos como recursos comunitarios donde varias personas con patologías crónicas, que cuentan con un nivel adecuado de autonomía, conviven bajo la supervisión de psicólogos y educadores sociales. Por otro lado, las pensiones proporcionan alojamiento supervisado y apoyo en necesidades básicas y de mantenimiento para quienes tienen mayor autonomía pero carecen de recursos económicos, recibiendo la ayuda de trabajadores y educadores sociales.

Actualmente, la Comunidad de Madrid ofrece un total de 7.181 plazas públicas, 93 más que el año pasado, repartidas en 233 centros especializados que conforman la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera. Además, 38 unidades de Apoyo Social Comunitario brindan asistencia psicológica y social en el domicilio, trabajando en coordinación con los profesionales de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud.