La Comunidad de Madrid ha presentado su nuevo Plan de Inspección del Transporte para 2026, tras realizar cerca de 85.000 controles durante el año pasado, una cifra muy similar a la registrada en 2024. Con esta iniciativa, el Gobierno regional reafirma su compromiso de asegurar la seguridad tanto de los usuarios como de los profesionales del sector.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, destacó estos datos en un acto celebrado en la sede de la Consejería, donde también se expusieron las principales líneas de actuación para este año. Según explicó, la mayoría de las inspecciones se llevan a cabo en las rutas, y aunque el número total de controles se mantiene, se ha observado una reducción significativa en el número de vehículos denunciados, que han pasado de 10.715 a 8.689.

Rodrigo resaltó que mantener el volumen de inspecciones a la vez que disminuyen las infracciones es una señal clara de que este sistema de control está funcionando, y subrayó la necesidad de continuar en esta línea para garantizar los máximos niveles de calidad y seguridad en la región.

La Dirección General de Transportes y Movilidad realiza estas intervenciones tanto en carretera como en las propias empresas de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, para verificar el cumplimiento de aspectos como los tiempos de descanso o la formación requerida para conducir determinados vehículos. Todas las inspecciones se llevan a cabo en coordinación con la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Municipal de Madrid y agentes de otros municipios implicados.

En cuanto al transporte de viajeros, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras seguirá en 2026 reforzando su labor de vigilancia para asegurar el respeto a la normativa, poniendo especial atención en el transporte escolar y en los vehículos VTC. Durante este año, se han supervisado más de 1,8 millones de rutas a través del registro digital de VTC, con el objetivo de comprobar que los desplazamientos se ajustan a los permisos establecidos según el tipo de licencia, ya sea urbana o interurbana.

Además, se ha revisado que las 88 empresas que cuentan con diez o más autorizaciones cumplan con la normativa vigente, que desde el 1 de enero de 2025 obliga a que al menos uno de cada diez vehículos de sus flotas esté adaptado para personas con movilidad reducida. Solo se han detectado siete infracciones relacionadas con esta regulación.