/ Jul 21, 2026

La Comunidad derriba 12 edificaciones ilegales en Fuente el Saz de Jarama para proteger suelo no urbanizable

Doce edificaciones ilegales derribadas en dos operativos y un total de 17 demoliciones en menos de un año marcan el balance del plan urbanístico autonómico en la región.

La Comunidad de Madrid ha derribado 12 inmuebles ilegales en Fuente el Saz de Jarama en dos actuaciones recientes, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Ambas se enmarcan en el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2025-2029, ejecutado a través de la Dirección General de Urbanismo.

La primera intervención tuvo lugar el 24 de junio y supuso la demolición de 3 instalaciones situadas en suelo clasificado como No Urbanizable de Protección Fáunica por el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Los terrenos también están afectados por la Vereda de San Agudín, una vía pecuaria con protección específica. En el operativo colaboraron el Cuerpo de Agentes Forestales autonómico, el SEPRONA y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.

La segunda actuación se ejecutó el 9 de julio con el derribo de 9 edificaciones localizadas en Suelo No Urbanizable de Protección Edafológica y Paisajística. Según la Consejería, se trata de una zona agrícola con alta calidad paisajística y sensibilidad freática, donde cualquier vertido puede contaminar aguas subterráneas.

Desde la puesta en marcha del plan, la Administración regional contabiliza 17 derribos en menos de un año: 5 por ejecución subsidiaria y 12 llevados a cabo de forma voluntaria por los propios responsables. La actividad inspectora suma además 179 inspecciones, 74 expedientes urbanísticos, 69 sancionadores, 85 requerimientos de información, 326 diligencias previas y 18 expedientes de ejecución subsidiaria, según los datos facilitados por la Consejería.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior recuerda que las construcciones ilegales en suelo no urbanizable «comprometen gravemente la protección del territorio, favorecen la degradación de espacios de alto valor ambiental y generan situaciones de inseguridad jurídica para los ciudadanos».

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