/ Sep 30, 2026
De un contrato de renta antigua firmado en 1956 a dos reales decretos-ley aprobados en Consejo de Ministros: repasamos qué le pasó a Maricarmen, la vecina de 87 años desahuciada en Retiro, cómo se llegó hasta aquí y qué puede ocurrir a partir de ahora.
Pocas veces un desahucio concreto ha tenido un eco político tan rápido. En apenas una semana, el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba unos 70 viviendo de alquiler en un piso del distrito madrileño de Retiro, ha pasado de una orden judicial de lanzamiento a movilizaciones en varias ciudades, una acampada multitudinaria en la Puerta del Sol y la aprobación por el Gobierno de dos reales decretos-ley de vivienda que ya se conocen popularmente como el decreto Maricarmen. Esta guía ordena lo ocurrido, explica el origen del conflicto y resume los escenarios que se abren.
Maricarmen vivía en la misma vivienda del barrio de Retiro desde niña: el piso lo alquiló su padre en 1956 bajo un contrato de renta antigua. Según ha trascendido, pagaba unos 500 euros al mes, en una zona que en las últimas décadas se ha encarecido de forma notable por la presión turística y demográfica sobre el centro de Madrid. El propio papa León XIV aludió a su situación como la de una anciana con discapacidad expulsada de su casa, al ser preguntado por el caso.
La clave jurídica del caso está en la subrogación. Al fallecer el padre, la madre de Maricarmen pudo mantener el contrato en las mismas condiciones. Pero la legislación solo permitía encadenar esa transmisión de forma limitada, y cuando en 2005 murió la última de sus progenitoras, la hija ya no quedó blindada por el régimen de renta antigua.
Los propietarios de entonces le permitieron seguir en la vivienda. El escenario cambió cuando el inmueble pasó a manos de Urbagestión, que planteó una renta cinco veces superior. Un tribunal dio la razón a la empresa, y ahí comenzó el recorrido judicial que ha desembocado en el desahucio. La propiedad sostiene que se limitó a ejecutar una sentencia firme y que el vínculo contractual se había extinguido legalmente; la defensa de la inquilina y el Sindicato de Inquilinas lo presentan como un ejemplo de la expulsión de vecinos de larga duración en barrios tensionados.
El pacto, negociado por la abogada Beatriz Duro y la portavoz del Sindicato de Inquilinas Carolina Vilariño con Urbagestión y la mediación del Ayuntamiento de Madrid a través de la EMVS, contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años. La renta no podrá superar el 30% de sus ingresos netos y rondará los 500 euros mensuales, una cifra similar a la que ya pagaba. Sus pertenencias siguen en el piso y el regreso se producirá cuando reciba el alta hospitalaria. Su abogada lo ha calificado de hito histórico y lo atribuye a la movilización social.
Antes de este desenlace se barajaron otras salidas: mudarse con un primo a Segovia, el Plan Reviva municipal —descartado porque no cumplía los requisitos— o el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) del Ayuntamiento.
El Ejecutivo tenía en el cajón desde julio un paquete de medidas urgentes de vivienda, y el caso precipitó su tramitación. Tras una negociación contrarreloj entre PSOE y Sumar, el Consejo de Ministros aprobó este martes dos textos separados para aumentar las opciones de convalidación:
Los decretos-ley entran en vigor al publicarse en el BOE, pero deben ser convalidados por el Congreso. El Gobierno ha pedido un pleno extraordinario el viernes 2 de octubre para votarlos.
Su futuro inmediato parece encauzado: volverá a su piso cuando le den el alta, con un contrato estable hasta mediados de la próxima década y una renta ligada a sus ingresos. Queda por ver la letra pequeña del nuevo contrato, que las partes aún deben formalizar.
La votación del viernes es la gran incógnita. Salvo sorpresa, PP y Vox votarán en contra, y la convalidación depende de Junts y de Podemos. Junts, por boca de Miriam Nogueras, ha rechazado la renovación automática por considerar que perjudica a los pequeños propietarios, por lo que el segundo decreto tiene un recorrido especialmente incierto. Sumar niega que se haya diseñado para que caiga a cambio de salvar el primero. En Cataluña, el Govern de Salvador Illa ha anunciado medidas propias complementarias.
El Sindicato de Inquilinas celebra el acuerdo como prueba de que la presión funciona, pero insiste en que no se desmovilizará y reclama medidas de alcance general. Mientras, la Comunidad de Madrid ha dado a la Delegación del Gobierno un plazo de 48 horas para desmantelar la acampada de Sol, que considera ilegal, y amenaza con acudir a los tribunales, incluida la vía penal contra el delegado Francisco Martín.
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