Casi 800 personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, así como sus familias, verán garantizado su acceso a atención residencial especializada en varios municipios del sur y norte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ha aprobado una inversión pública de 78,4 millones de euros para mantener durante tres años las plazas de siete centros ubicados en San Blas-Canillejas, Leganés, Getafe, Arroyomolinos, Ciempozuelos y Somosierra. Esta decisión afecta de lleno al día a día de vecinos que dependen de estos recursos para poder atender las necesidades complejas de sus familiares o conocidos, permitiendo su cuidado profesional y dando respiro a quienes los atienden en casa.

Para quienes conviven con una discapacidad y graves trastornos asociados, el acceso a una residencia de este tipo equivale a una segunda casa adaptada: incluye atención 24 horas, apoyo sanitario, actividades para fomentar la autonomía y ocio adaptado. En cifras cercanas, estos 78,4 millones equivalen, por ejemplo, a lo que costaría renovar unas 400 viviendas medias en la comarca, y garantizan los servicios por un periodo comparable a todo el ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Según explican las familias consultadas, disponer de una plaza residencial cercana ayuda a reducir traslados y permite mantener vínculos en el entorno habitual, algo clave para el bienestar y la estabilidad emocional.

El mapa de recursos asistenciales en la zona ganaba importancia en los últimos años, ya que las listas de espera y el envejecimiento de los usuarios habían generado preocupación entre los vecinos. Muchos llevaban tiempo reclamando no solo más plazas, sino servicios específicos para quienes presentan los trastornos de conducta más complejos, tradicionalmente con menos alternativas. El incremento reciente de plazas aprobado en la Comunidad de Madrid –950 en toda la red pública tras la última ampliación, 117 más que antes– supone dar un pequeño respiro a esta alta demanda.

Los contratos recién aprobados, que entrarán en vigor entre 2026 y 2028, se distribuyen entre distintos municipios y forman parte de la red pública supervisada por el ejecutivo autonómico, que financia íntegramente el servicio. La inversión está dividida en siete contratos y cubre tanto la manutención y el alojamiento como la intervención social y los programas de integración. El Gobierno plantea esta actuación dentro de su nueva estrategia de atención a la discapacidad, una hoja de ruta que, según anunció, movilizará más de 4.800 millones de euros hasta 2028 para cubrir 316 acciones en toda la región.

Las familias y usuarios deben anotar la fecha de 2026 en el calendario, momento en el que estos servicios renuevan su funcionamiento, garantizando la continuidad y, en algunos casos, la ampliación de plazas en una red esencial para muchos vecinos del Corredor del Henares y alrededores.