/ Sep 24, 2026
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó a 54 personas mayores para apropiarse de sus viviendas, con 32 detenidos y 47 inmuebles bloqueados. La investigación se inició en Alcalá de Henares en abril de 2025, según ha informado la Dirección General de la Policía.
La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal dedicada a estafar a personas mayores para quedarse con sus viviendas, con un balance de 32 detenidos, 54 víctimas y 47 inmuebles bloqueados registralmente. La investigación comenzó en Alcalá de Henares en abril de 2025, cuando agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial detectaron las primeras denuncias de ancianos que habían perdido sus propiedades tras firmar documentos que no comprendían.
La operación policial se desarrolló entre el 22 y el 29 de junio de 2026, según el comunicado oficial de la Dirección General de la Policía. Los detenidos se enfrentan a delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El juzgado de Alcalá de Henares que instruye la causa ha decretado el bloqueo de cuentas bancarias y sociedades mercantiles por valor de hasta 4 millones de euros, según ha publicado El Mundo. Esa cifra coincide con el dinero que las empresas investigadas habrían estafado durante el último año y medio.
Entre los bienes embargados figuran 18 viviendas y chalets propiedad del presunto cabecilla de la trama, un hombre de 50 años que también poseía varios coches de lujo, todos ellos ahora bajo control judicial. Una de las propiedades afectadas es una vivienda en la calle Fuencarral de Madrid, cerca de Gran Vía, con un valor de mercado superior al millón de euros.
La organización trabajaba con bases de datos elaboradas por comerciales que contenían información detallada sobre edad, enfermedades y circunstancias personales de víctimas potenciales, incluyendo anotaciones peyorativas sobre su estado de salud o vulnerabilidad. Una de estas bases de datos fue adquirida por 8.000 euros, según la información publicada por El Mundo.
Los comerciales visitaban repetidamente los domicilios de los ancianos y, en algunos casos, se quedaban a comer con ellos para establecer una relación de confianza antes de presentarles documentos de compraventa o cesión que las víctimas firmaban sin comprender su alcance.
La trama contaba con la participación de letrados en ejercicio que ofrecían mecanismos de «segunda oportunidad» para la exoneración de deudas, según ha informado la Policía Nacional. Estos abogados formaban parte del entramado que facilitaba las transmisiones fraudulentas de propiedades.
Aproximadamente el 80% de las 54 víctimas identificadas residen en la Comunidad de Madrid, según El Mundo. La investigación policial comenzó en Alcalá de Henares, pero la trama operaba en varios municipios de la región y posiblemente en otras provincias.
Estas cifras corresponden al conjunto de la operación policial y no implican que todas las víctimas o inmuebles bloqueados se encuentren específicamente en Alcalá de Henares.
En algunos casos, los herederos de las víctimas descubrieron que las viviendas familiares ya no les pertenecían cuando intentaron gestionarlas tras el fallecimiento de sus familiares. El procedimiento para recuperar las propiedades dependerá de las resoluciones judiciales que dicte el juzgado de Alcalá que instruye la causa.
Información elaborada por la redacción de InfoHenares con asistencia de inteligencia artificial y revisión humana, a partir de la Dirección General de la Policía y medios especializados.
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