/ Oct 07, 2026
La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha concluye que Guadalajara fue la única de las seis grandes ciudades de la región que implantó su Zona de Bajas Emisiones, aunque tarde, y le recomienda tramitar la nueva integrada en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, justo el fallo que llevó al TSJ a anularla.
La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha hecho público su informe sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes, y el balance es de suspenso casi general. De las seis ciudades analizadas (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo), solo Guadalajara tenía una ZBE implantada a 31 de marzo de 2025, la fecha de corte de la fiscalización.
Ni siquiera la capital alcarreña cumplió el calendario. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obligaba a estas ciudades a tener su zona en marcha antes del 1 de enero de 2023. Las otras cinco seguían en fases preliminares, lo que el órgano fiscalizador califica de «incumplimiento directo de una obligación legal».
Para la capital, la recomendación es concreta: tramitar la ZBE garantizando que esté previamente integrada en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), elaborar el proyecto técnico obligatorio, someterlo a información pública y asegurar «la correcta secuencia procedimental» para «reforzar la seguridad jurídica».
El consejo llega tarde para la ordenanza que se fiscalizó. Esa norma, aprobada en marzo de 2024 bajo el anterior gobierno municipal, ya no existe. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la anuló en abril de este año, en las sentencias 178/2026 y 179/2026, precisamente porque se aprobó sin un Plan de Movilidad Urbana Sostenible previo, un requisito que exige la normativa estatal.
Para el conductor, la situación práctica es sencilla: hoy no hay ninguna restricción en vigor. La ordenanza anulada nunca llegó a multar, porque el régimen sancionador estuvo suspendido desde el principio, y el Ayuntamiento decidió no recurrir el fallo.
El Gobierno de PP y Vox anunció entonces una nueva ordenanza, más flexible. Según explicó el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, las restricciones solo se activarían cuando los niveles de contaminación lo justifiquen, algo que en Guadalajara ocurre, a su juicio, una o dos veces al año como mucho. Esteban sostuvo que la sentencia «refuerza» la posición del equipo de gobierno y que la ciudad ya dispone de un plan de movilidad que permite tramitar la nueva norma. Además, el Ayuntamiento fijó una moratoria de la ZBE hasta el 31 de diciembre de 2027.
La anulación tuvo efectos colaterales en el aparcamiento. En mayo, el Consistorio eliminó cerca del 80% de las nuevas plazas de zona azul vinculadas a la antigua ZBE y rebajó a dos euros diarios el aparcamiento disuasorio de Hermanos Fernández Galiano.
El informe de la Cámara de Cuentas detecta problemas comunes en los seis municipios: desajustes entre los contratos firmados y la ejecución real de los proyectos, datos insuficientes sobre calidad del aire y moratorias que se alargan. En el caso de Cuenca, el órgano llega a reprochar al Ayuntamiento un «incumplimiento del deber de colaboración» por no entregar la documentación que se le pidió en mayo.
Guadalajara no es un caso aislado en España. Varias ciudades han visto caer sus ZBE en los tribunales por el mismo motivo: aprobar la zona sin que estuviera recogida en un plan de movilidad. La nueva ordenanza alcarreña, cuando llegue, tendrá que superar esa prueba para no repetir la historia.
Foto: Victor Rosario / Unsplash
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