/ Oct 01, 2026
La Proposición No de Ley reclama proteger la libertad de conciencia, excluir a los servicios de emergencias y extender las garantías a los trabajadores municipales. La iniciativa llega tras el desahucio de Maricarmen en Retiro.
Más Madrid pedirá a la Comunidad de Madrid que los trabajadores públicos puedan negarse a participar en desahucios de vivienda habitual sin sufrir represalias laborales.
La formación ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que se reforme la normativa y se proteja la «libertad de conciencia» de los empleados públicos dependientes directamente de la región, según ha informado Europa Press.
El texto reclama que no se utilice para ejecutar lanzamientos a trabajadores cuya función sea atender emergencias. Más Madrid señala de forma específica a los cuerpos de bomberos, al considerar que pueden recibir órdenes para intervenir en operativos que no forman parte de sus funciones habituales.
La iniciativa también pide que las mismas garantías se apliquen a los trabajadores municipales. En concreto, plantea que quienes rechacen participar en estos dispositivos tengan garantizada la ausencia absoluta de represalias laborales.
La PNL cita datos del Consejo General del Poder Judicial recogidos por Más Madrid. Según esas cifras, en 2025 se practicaron 2.267 lanzamientos en la Comunidad de Madrid, de los que 1.931 procedieron de procedimientos de arrendamiento urbano.
Durante el primer trimestre de 2026 se practicaron otros 582 lanzamientos en la región. La formación sostiene que detrás de cada procedimiento hay un hogar que pierde su vivienda, con frecuencia sin una alternativa habitacional.
Más Madrid vincula la propuesta al desahucio de Maricarmen, ejecutado el 23 de septiembre en el distrito madrileño de Retiro, y a la respuesta social posterior, que incluye una acampada en la Puerta del Sol. La formación también relaciona la iniciativa con la aprobación de dos reales decretos con medidas de vivienda.
InfoHenares explicó el caso de Maricarmen el 29 de septiembre: se trata de una mujer de 87 años que llevaba alrededor de 70 años viviendo de alquiler en un piso del distrito de Retiro.
La propuesta afecta al conjunto de la Comunidad de Madrid y plantea extender sus garantías a los empleados municipales, por lo que su eventual aplicación alcanzaría también a los servicios públicos de los municipios del Corredor.
Información elaborada por la redacción de InfoHenares con asistencia de inteligencia artificial y revisión humana, a partir de Europa Press.
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